El gobierno de Venezuela, a través de su jefe negociador, Jorge Rodríguez, anunció una insólita medida en respuesta a la reciente deportación de presuntos integrantes del Tren de Aragua a El Salvador. En declaraciones oficiales, Rodríguez afirmó que solicitará al dictador Nicolás Maduro que emita una orden para que ningún ciudadano venezolano viaje a Estados Unidos, al considerar que dicho país "no es seguro" tras la reciente aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la Casa Blanca.

Rodríguez acusó a Estados Unidos de actuar sin respeto por los derechos humanos de los migrantes venezolanos y aseguró que "no hay Estado de derecho" en lo que respecta a su protección. La decisión del chavismo ha generado sorpresa, ya que no existen vuelos directos entre ambos países, lo que pone en duda cómo podría implementarse una restricción de este tipo.

Acusaciones de secuestro y plan de rescate

El alto funcionario del régimen venezolano también arremetió contra el gobierno estadounidense y el salvadoreño, señalando que la deportación de los presuntos criminales fue un "vulgar secuestro" y que Venezuela no descansará hasta "rescatar" a los migrantes enviados a El Salvador.

“No vamos a descansar hasta que los regresemos, no vamos a descansar hasta que rescatemos a los secuestrados en El Salvador”, enfatizó Rodríguez, refiriéndose a los más de 200 venezolanos trasladados a dicho país.

El gobierno de Venezuela sostiene que ninguno de los deportados ha cometido delitos en El Salvador ni en Estados Unidos y que no se les garantizó el debido proceso. “¿Por qué están allá? Tampoco han cometido delito, o al menos no se le ha demostrado delito, en los Estados Unidos de América, porque se les ha negado el derecho al debido proceso”, añadió.

Agentes de la policía salvadoreña escoltan a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua en el Aeropuerto Internacional de El Salvador

Estados Unidos defiende la medida

Por su parte, el gobierno de Donald Trump defendió la deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que establece la expulsión de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, justificó la medida afirmando que se basó en información de inteligencia que confirma la afiliación de los deportados con el Tren de Aragua.

“Puedo asegurar al pueblo estadounidense que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional están seguros de las identidades de las personas que iban en esos aviones y de la amenaza que representan para nuestra patria”, declaró Leavitt en una conferencia de prensa.

El pasado sábado, Estados Unidos deportó a 261 migrantes en dos vuelos que partieron desde Texas con destino a El Salvador y Honduras. De este grupo, 137 venezolanos fueron expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, mientras que otros 101 fueron deportados bajo el procedimiento migratorio regular conocido como el Título 8. Asimismo, 23 salvadoreños fueron enviados de regreso a su país, presuntamente vinculados con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

La Casa Blanca aseguró que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha mostrado su gratitud por la expulsión de estos individuos, quienes fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las prisiones más estrictas del país.

Polémica internacional

La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Donald Trump desató críticas a nivel internacional, dado que esta normativa no había sido utilizada desde la Segunda Guerra Mundial. Un juez federal bloqueó la aplicación de la ley el pasado sábado, pero los vuelos con los deportados ya habían abandonado territorio estadounidense.

Ante esta situación, la comunidad internacional permanece atenta a la evolución del conflicto diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, así como al impacto que esta medida tendrá en las relaciones bilaterales y en la situación de los migrantes venezolanos en la región.