En un giro en su política migratoria, el Gobierno de Chile ha cerrado dos centros de acogida para migrantes irregulares en la frontera con Bolivia y ha comenzado a aplicar un protocolo que permite la reconducción inmediata de quienes cruzan por pasos no habilitados.

Esta medida se implementa en la localidad de Colchane, al norte del país, donde cientos de personas ingresan cada mes desde Bolivia, muchas veces en condiciones extremas y guiadas por coyotes.

Las autoridades justifican estos cambios por la disminución en los ingresos irregulares y aseguran que el nuevo enfoque busca evitar un asistencialismo permanente, aunque organizaciones humanitarias han advertido que esta decisión implica una vulneración de derechos fundamentales.

La delegada presidencial en la región de Tarapacá, Ivonne Donoso, explicó que se está privilegiando una atención más limitada y ágil, en coordinación con un acuerdo bilateral con Bolivia.

Desde septiembre de 2024, se han desmantelado los llamados Dispositivos Transitorios (DT), creados en 2021 para brindar atención de emergencia a los migrantes, y se ha reemplazado su función con centros de gestión más reducida como el Centro Migratorio Irregular (CMI).

Esto ha generado incertidumbre entre quienes trabajan en terreno, ya que consideran que se ha debilitado la protección estatal y se ha agravado la situación de los migrantes, quienes ahora enfrentan mayor exposición a peligros y redes delictivas.

La migración irregular en Chile ha aumentado considerablemente en los últimos años: pasó de 10.000 personas en 2018 a casi 338.000 en 2023. La frontera de Colchane, por sus condiciones geográficas y climáticas, sigue siendo una ruta peligrosa pero utilizada constantemente por migrantes, especialmente venezolanos, que buscan nuevas oportunidades en el país andino.