La Fiscalía General del Estado respondió a las declaraciones emitidas por la ex Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien denunció supuesta protección por parte del Fiscal General, Juan Lanchipa, a favor del expresidente Evo Morales.

La denuncia surgió tras la emisión de una orden de aprehensión contra Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas.

Gutiérrez afirmó que, aunque se emitió la orden de aprehensión contra el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), no fue ejecutada debido a una acción de libertad presentada en Santa Cruz que dejó sin efecto la medida.

Según Gutiérrez, esta acción fue una intervención directa para frenar el proceso en curso.

La exfiscal sostuvo que los hechos investigados ocurrieron en una de las provincias de Tarija y están relacionados con menores de edad, lo que agrega gravedad al caso.

Según sus declaraciones, el Fiscal General y la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género habrían disuelto la comisión de fiscales encargada de investigar el caso, lo que Gutiérrez considera una intervención arbitraria que obstaculizó el avance de la investigación.

La exfiscal aseguró haber recibido instrucciones de Lanchipa para abandonar el caso, argumentando que él favorecía a Morales. "El fiscal general me ordenó dejar el caso, pero no puedo abandonar una investigación de este calibre", denunció.

En respuesta, la Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado, reafirmó que el proceso penal contra Evo Morales fue iniciado tras la recepción de un Informe de Inteligencia de la Policía, y que en ningún momento se ordenó paralizar las investigaciones.

Además, aclararon que las órdenes de aprehensión fueron anuladas por una jueza de garantías constitucionales, y no por el Ministerio Público, debido a presuntas violaciones de derechos fundamentales en el proceso.

Finalmente, el comunicado destaca que la destitución de Gutiérrez de su cargo no se debió a la emisión de la orden de aprehensión, sino a una conducta negligente en la tramitación del caso.

La Fiscalía General subrayó su compromiso con el principio de objetividad y con la defensa de la legalidad, sin importar la identidad del presunto implicado.