El clima de tensión política en Bolivia se intensifica, tras revelarse que el ministro de Gobierno ha convocado al Comandante General de la Policía, General Mayor Álvaro Álvarez, y al Director Nacional de Inteligencia, General Primero Félix Edwin Pérez Mendieta, a una reunión en la Casa Grande del Pueblo.

Según informes extraoficiales, durante este encuentro se cuestionó a ambos generales por no haber cumplido con la orden de arrestar a Evo Morales, generando un fuerte debate que culminó en la decisión de destituirlos.

Se espera que el General Augusto Juan Ruso Sandoval asuma como nuevo Comandante General de la Policía en reemplazo de Álvarez. Ruso, quien ya ha sido acusado de actuar en favor del gobierno de facto en el pasado, es visto como un candidato "servil" al régimen de Luis Arce Catacora.

La decisión de cambiar el mando policial ha sido criticada por algunos sectores, que argumentan que la acción desvirtúa la carrera policial y premia la obediencia política sobre el mérito.

La inminente destitución de los altos mandos de la policía ha suscitado preocupaciones sobre la politización de las fuerzas de seguridad y la posible manipulación de la justicia por parte del gobierno.

La situación refleja un entorno donde las autoridades son presionadas a actuar en función de intereses políticos, en lugar de seguir los procedimientos establecidos.

Asimismo, se anticipa que el gobierno esté trabajando en la emisión de una nueva orden de aprehensión contra Evo Morales.

Según se reporta, esto sería parte de una estrategia más amplia para llevar a cabo una persecución política, lo que pone en evidencia la creciente tensión entre el gobierno y la oposición.

Las acciones del gobierno están siendo denunciadas como un ataque a los derechos humanos y a la legalidad en Bolivia.