Una jueza federal en Washington bloqueó el martes la prohibición impuesta por la administración Trump que impedía a personas transgénero servir en el ejército, dictaminando que la medida viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución. La jueza Ana C. Reyes emitió una medida cautelar que impide al Departamento de Defensa ejecutar la nueva política, la cual habría supuesto la expulsión de militares trans de las filas.

La orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump en enero calificaba ser transgénero como una "falsedad" incompatible con los valores militares. En su fallo, Reyes, designada por el presidente Joe Biden, señaló que tales afirmaciones carecen de fundamento. "Los demandantes enfrentan una violación de sus derechos constitucionales, lo que constituye un daño irreparable", argumentó la jueza. Agregó que miles de soldados trans han sacrificado sus vidas por la nación, mientras que la prohibición intentaba negarles los derechos por los cuales lucharon.

El Departamento de Defensa refirió las consultas al Departamento de Justicia, que no emitió comentarios inmediatos. Por su parte, Jennifer Levi, directora de derechos trans en GLAD Law, destacó que el fallo "expone cómo esta prohibición socava a nuestros valientes miembros del servicio" y confía en que la decisión será ratificada en apelación.

Ocho personas, incluyendo seis militares activos y dos aspirantes, demandaron al gobierno en enero desafiando la legalidad de la orden de Trump. Desde entonces, doce personas más se han sumado a la demanda. Shannon Minter, director jurídico del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, afirmó que los demandantes sienten "un gran alivio" tras meses de incertidumbre sobre su futuro en las fuerzas armadas.

El memorando del Pentágono, hecho público en febrero, estipulaba la separación de tropas diagnosticadas con disforia de género, a menos que se justificara una excepción basada en "capacidades de combate". Sin embargo, Reyes desestimó los argumentos del gobierno, subrayando que no existe evidencia que demuestre que los militares transgénero afecten la preparación militar.

Desde 2016, la administración Obama permitió que personas transgénero sirvieran abiertamente en el ejército, asegurando que todas las personas capacitadas pudieran enlistarse. Desde entonces, alrededor de 6.000 militares han sido diagnosticados con disforia de género, y aproximadamente la mitad ha recibido tratamiento hormonal. Documentos judiciales indican que el Departamento de Defensa ha gastado 52 millones de dólares en atención médica para miembros trans desde 2014, una cifra menor en comparación con los 41 millones de dólares destinados en 2023 a medicamentos para la disfunción eréctil, según Reyes.

El Departamento de Justicia argumentó que la política del Pentágono responde a una "descalificación basada en una condición médica". Sin embargo, Reyes desestimó un estudio de 2021 citado por el gobierno, que indicaba que el 40% de los militares trans no eran desplegables en un período de 24 meses, al no proporcionar datos comparativos sobre otros grupos en servicio.

La jueza concluyó que la prohibición carecía de justificación y que su aplicación representaría una violación de derechos fundamentales. Con esta decisión, la medida queda bloqueada mientras continúa el proceso judicial.