Durante un juicio en Washington, se reveló un documento en el que el CEO de Meta contemplaba escindir la popular red social ante el creciente escrutinio antimonopolio.

En el marco del juicio que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) sigue contra Meta, se reveló que Mark Zuckerberg evaluó en 2018 la posibilidad de dividir Instagram como una empresa independiente, ante la creciente presión y posibles acciones legales por parte de las autoridades antimonopolio.

El documento, exhibido durante el segundo día de testimonio del magnate tecnológico, muestra que Zuckerberg planteó internamente “considerar la medida extrema de dividir Instagram”, preocupándose por un posible desmembramiento forzado de las grandes tecnológicas. El escrito también menciona que la llegada de un “próximo presidente demócrata” podría impulsar medidas para desmantelar empresas como Meta, en un contexto político y regulatorio cambiante.

Pese a la advertencia, Meta decidió en 2019 consolidar sus aplicaciones, integrando más estrechamente Instagram, WhatsApp y Facebook. La FTC sostiene que esta integración formó parte de una estrategia para afianzar su poder de mercado y obstaculizar la competencia.

Zuckerberg afirmó que Instagram ofrecía una mejor cámara que la que desarrollaba Facebook, y que en lugar de competir, optaron por comprarla. Esta declaración refuerza los argumentos de la FTC sobre una supuesta política de “comprar o enterrar” con la que Meta habría intentado neutralizar a potenciales rivales.

“Pensé que Instagram era mejor en eso, así que decidimos adquirirla”, expresó Zuckerberg ante el tribunal. También reconoció que los intentos de su empresa por lanzar nuevas aplicaciones no fueron exitosos, lo que lo llevó a preferir adquisiciones antes que desarrollo interno.

La defensa de Meta argumenta que las condiciones del mercado han cambiado, citando la competencia con plataformas como TikTok, YouTube y la aplicación de mensajería de Apple, y cuestionan la definición de “mercado relevante” que sostiene la FTC.

El juicio es visto como una prueba clave para la política de la nueva administración de Donald Trump, que promete adoptar una postura firme frente al poder creciente de las grandes tecnológicas. El caso podría sentar un precedente histórico sobre cómo se regulan los gigantes digitales en Estados Unidos.