Este lunes, un amplio operativo policial de más de 300 efectivos se desplegó en los terrenos ubicados detrás del penal de Palmasola, en Santa Cruz, para desalojar a 50 familias que habían construido viviendas en un área de 17 hectáreas perteneciente al Ministerio de Gobierno.

La acción se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial y fue supervisada por una comisión de fiscales.

Según las autoridades, los terrenos desalojados son propiedad del Ministerio de Gobierno, lo que motivó la intervención judicial.

Sin embargo, las familias afectadas, algunas con más de una década viviendo en el lugar, manifestaron su tristeza e incertidumbre ante el desalojo. "Este era nuestro hogar. No sabemos a dónde iremos", comentó uno de los desalojados.

El operativo, que incluyó maquinaria pesada para la remoción de estructuras, se realizó bajo medidas de seguridad para evitar enfrentamientos.

Las autoridades han señalado que el proceso se llevó a cabo respetando los derechos humanos, aunque organizaciones sociales han comenzado a cuestionar la falta de soluciones alternativas para las familias.

Los afectados aseguran que adquirieron los terrenos de buena fe y que desconocían la titularidad del Ministerio.

Por ello, han solicitado una reunión con representantes gubernamentales para buscar soluciones que eviten quedar en la calle. Mientras tanto, las autoridades reiteran que el desalojo es parte de un esfuerzo por recuperar bienes estatales.

La situación ha generado un debate público sobre el acceso a la vivienda y la responsabilidad estatal en la gestión de conflictos de tierras. Diversos sectores han pedido al gobierno que brinde apoyo a las familias desalojadas mientras se resuelve su situación habitacional.