El senador Andrónico Rodríguez, durante una entrevista, lanzó la cifra de 30,000 millones de dólares como deuda pública de Bolivia.

Sin embargo, el cálculo dejó de lado el contexto del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que generó un debate entre los expertos y la opinión pública. Si la cifra fuera cierta, la deuda representaría un 68% del PIB, una proporción alarmante.

En respuesta, el equipo económico del Gobierno desmintió la cifra, asegurando que la deuda pública (externa e interna) solo alcanzaría el 46% del PIB, un nivel considerado bajo según los estándares internacionales.

Sin embargo, este cálculo omite un componente importante: la deuda de las empresas estatales con el Banco Central y el Tesoro, lo que aumenta la deuda total a más del 80% del PIB, una cifra que el Gobierno prefiere pasar por alto.

A pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce la deuda total en esta medida, el Gobierno insiste en que las deudas intraestatales no cuentan, alegando que sería "doble contabilidad".

Esta lógica sería similar a decir que los préstamos hechos a familiares no cuentan porque, en teoría, no se deberían cobrar.

El problema radica en que Bolivia cuenta con varias empresas estatales que, a pesar de estar quebradas, siguen acumulando deudas.

Aunque estas empresas no producen beneficios, sus deudas caerán eventualmente sobre el Estado, es decir, sobre todos los ciudadanos. Este "papá Estado" se ve forzado a pagar lo que sus "hijos vivillos" nunca devolverán.

Finalmente, el debate entre los pre-pitagóricos, que manipulan cifras sin contexto, y los mamones de la contabilidad creativa, que eluden ciertos pasivos, se convierte en un espectáculo confuso.

En el fondo, el verdadero perdedor es la población que, sin entender las complejidades contables, enfrenta las consecuencias de una deuda cada vez mayor.