El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido la destitución del juez federal James E. Boasberg tras su decisión de bloquear las deportaciones de migrantes, calificó al magistrado de “lunático radical de izquierda” y lo acusó de actuar con sesgo político en contra de su administración.

La medida de Boasberg detuvo la expulsión de más de 200 migrantes que el gobierno había enviado a El Salvador, presuntamente vinculados con la organización criminal Tren de Aragua. Sin embargo, la administración de Trump continuó con las deportaciones a pesar de la orden judicial, lo que ha derivado en una batalla legal sobre la legitimidad de la acción gubernamental.

El juez Boasberg cuestionó la legalidad de la aplicación del Alien Enemies Act (Ley de Enemigos Extranjeros) de 1798, una ley que ha sido utilizada en solo tres ocasiones en la historia de Estados Unidos. En su fallo, ordenó que los aviones con migrantes que ya estaban en el aire regresaran, argumentando que la administración de Trump no justificó adecuadamente la medida.

En respuesta, el Departamento de Justicia ha solicitado a una corte de apelaciones en Washington, D.C. que reemplace a Boasberg en el caso, alegando que el juez ha incurrido en un “ejercicio inapropiado de jurisdicción”. Además, altos funcionarios de la administración Trump, como la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de prensa Karoline Leavitt, han defendido la decisión presidencial, insistiendo en que la deportación de los migrantes es una cuestión de seguridad nacional.

Desde su plataforma, Trump criticó duramente a Boasberg, recordando que fue nombrado por el expresidente Barack Obama y acusándolo de utilizar su cargo para frenar sus políticas migratorias. “Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!”, escribió el mandatario.

Trump también insistió en que su victoria electoral fue un mandato claro a favor de su política contra la inmigración ilegal y aseguró que no permitirá que el poder judicial bloquee sus esfuerzos por proteger la frontera. Su gobierno ha defendido la legalidad de las deportaciones argumentando que los migrantes afectados representan una amenaza para la seguridad del país.

A pesar de la orden de Boasberg, la deportación de los más de 200 migrantes se llevó a cabo, lo que ha generado una demanda en la que se exige que los funcionarios responsables expliquen bajo juramento por qué ignoraron el fallo judicial.

Mientras tanto, sectores políticos y activistas han reaccionado con opiniones divididas. Mientras que los aliados de Trump respaldan su postura y critican lo que consideran una intromisión judicial en asuntos de seguridad nacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado el uso del Alien Enemies Act como una herramienta para justificar expulsiones masivas sin el debido proceso.

El caso continúa generando controversia y podría marcar un nuevo enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial en un momento clave para la política migratoria de Estados Unidos.