El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) aseguró, mediante un comunicado de prensa, que la Gobernación de Beni no está actualizando de forma adecuada el registro de las transferencias que recibe del Tesoro General de la Nación (TGN), lo que genera discrepancias entre lo que figura en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) y los montos efectivamente entregados por el Gobierno central.

La advertencia surge en un contexto de creciente tensión social en el departamento amazónico, que este jueves cumple un paro cívico de 24 horas convocado por organizaciones locales que denuncian un abandono estatal y el colapso inminente del sistema de salud público.

Según el MEFP, hasta junio de 2025, el Gobierno Autónomo Departamental del Beni (GAD-Beni) apenas ejecutó el 31,9% de su Plan Operativo Anual (POA), pese a haber recibido mayores recursos por concepto de transferencias automáticas. “Los montos programados en el presupuesto son referenciales, no garantizados, y no corresponde exigir al Ministerio que instruya su desembolso”, explicó Romer Bello, jefe de la Unidad de Entidades Territoriales de esta cartera, citado en la nota institucional.

Además, el MEFP observó una caída drástica en los ingresos propios de la Gobernación. Las regalías mineras, que en 2019 superaban los 114 millones de bolivianos, apenas alcanzaron los 26 millones de bolivianos en 2024. Bello recordó que la Ley de Minería establece que la recaudación de estas regalías es responsabilidad de los gobiernos departamentales y llamó al GAD-Beni a revisar su gestión tributaria.

Una región al borde del colapso

A pesar de las declaraciones del Gobierno, en el terreno la situación es crítica. Beni, el segundo departamento más extenso del país con más de medio millón de habitantes, enfrenta un colapso sanitario por falta de recursos. Los dos hospitales de tercer nivel que atienden a toda la región —el Hospital Materno Infantil y el Hospital Germán Busch— reciben recursos por debajo de lo presupuestado. El primero recibió solo 1 millón de bolivianos de los 3,8 millones de bolivianos asignados para este semestre, y el segundo apenas 4 millones de bolivianos de los 6 millones de bolivianos comprometidos.

Las farmacias hospitalarias están vacías, no hay pruebas básicas como la del talón para recién nacidos, y se acumulan hasta tres meses de sueldos impagos para el personal médico, según denunció el presidente del Colegio Médico de Beni, Carmelo Merubia.

“El sistema está sobreviviendo con migajas, mientras el oro del Beni es explotado y no queda nada para la región”, lamentó el presidente del Comité Cívico, Hugo Aponte, al anunciar la medida de presión.

En respuesta, el Ministerio de Economía indicó que, entre enero y junio de este año, transfirió 14 millones de bolivianos para el financiamiento de los establecimientos de salud a cargo de la Gobernación, y recordó que en 2022 asignó Bs 100 millones al departamento para liberar recursos destinados a áreas sensibles como salud y educación.

El ministerio instó a la gobernación a realizar una conciliación técnica de sus ingresos y a priorizar su distribución antes de asumir medidas que afecten a la población. Aun así, en las calles de Trinidad y otras ciudades benianas, la protesta crece al ritmo de la escasez.