El gobierno de Donald Trump ha emitido un ultimátum a las escuelas y universidades de Estados Unidos, otorgándoles un plazo de dos semanas para eliminar cualquier iniciativa de diversidad o arriesgarse a perder fondos federales. Esta medida intensifica la lucha del presidente contra políticas progresistas y ha generado incertidumbre en las instituciones educativas.

El memorando, emitido por el Departamento de Educación el pasado viernes, exige que las escuelas pongan fin al uso de "preferencias raciales" en admisiones, ayuda financiera, contratación y otras áreas. Se estipula que cualquier práctica que trate a estudiantes o trabajadores de manera diferente debido a su raza debe cesar en un plazo de 14 días.

Impacto en la educación

La medida podría transformar significativamente el panorama educativo estadounidense. El memorando prohíbe el uso de ensayos personales en procesos de admisión si estos pueden inferir la raza del solicitante, además de vetar dormitorios o ceremonias de graduación exclusivas para ciertos grupos raciales. También impide los esfuerzos para reclutar maestros de grupos históricamente subrepresentados, argumentando que estas prácticas constituyen discriminación.

Según Craig Trainor, secretario asistente interino de derechos civiles, "las escuelas han estado operando bajo el pretexto de que seleccionar estudiantes por 'diversidad' o eufemismos similares no es seleccionarlos en función de su raza. Ya no. Los estudiantes deben ser evaluados según su mérito, logros y carácter".

Aunque el memorando no introduce una nueva legislación, sí representa un cambio en la interpretación de las leyes antidiscriminatorias por parte del gobierno federal. Se apoya en la decisión de la Corte Suprema de 2023 que prohibió el uso de la raza como factor en las admisiones universitarias, extendiendo esta restricción a otros ámbitos de la educación.

Reacciones y consecuencias

El anuncio ha generado alarma entre universidades y colegios, que buscan comprender sus implicaciones. En la Universidad de Michigan, el rector Santa J. Ono indicó en una carta al campus que los líderes están evaluando cómo adaptarse a la nueva normativa.

El Departamento de Educación ha complementado esta orden con el recorte de 600 millones de dólares en subvenciones destinadas a organizaciones que capacitaban a maestros en temas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Según el gobierno, estos programas promovían conceptos "divisivos" como la teoría crítica de la raza y el activismo por la justicia social.

Algunas universidades, como la Universidad Estatal de Oregón, han asegurado que sus programas cumplen con la legislación vigente, mientras que otras instituciones han comenzado a eliminar becas y ayudas financieras basadas en criterios raciales. No obstante, la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes ha expresado su preocupación por el corto plazo para implementar cambios y por la incertidumbre que esto genera en los estudiantes que dependen de ayuda económica.

La confusión también se hizo evidente durante la audiencia de confirmación de Linda McMahon, nominada a secretaria de educación. Cuando se le preguntó si las clases sobre historia afroestadounidense violarían la orden del presidente, McMahon respondió que no estaba segura.

El debate en torno a esta medida continúa, con universidades y organizaciones estudiantiles buscando estrategias para responder al nuevo marco regulatorio mientras evalúan sus efectos en la equidad educativa del país.